En 1997, 45 indígenas tzotziles fueron asesinados en Acteal. Ernesto Zedillo era presidente. A más de dos décadas, nadie lo ha tocado legalmente. ¿Cómo lo logró?
El caso Acteal: una herida abierta en la historia reciente
Una matanza en tiempos de guerra interna no declarada
La masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en el estado de Chiapas, no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia de una estrategia de contrainsurgencia implementada tras el levantamiento zapatista en 1994.
El ataque dejó 45 muertos, entre ellos mujeres embarazadas y niños, todos miembros del grupo pacifista «Las Abejas». Los responsables directos fueron paramilitares locales, pero el contexto apunta a una complicidad institucional.
“Acteal no fue un accidente. Fue parte de un patrón de violencia estructural del Estado mexicano”, declaró en su momento el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
¿Y el presidente? Zedillo al margen del banquillo
Durante su mandato (1994–2000), Zedillo enfrentó diversas crisis: el «error de diciembre», la devaluación del peso y el conflicto en Chiapas. Pero nunca tuvo que responder penalmente por la masacre ocurrida bajo su gobierno.
La línea oficial se centró en culpar a grupos armados locales. Ni el Ejército ni altos funcionarios federales fueron procesados. Y Zedillo salió del poder sin cargos.
El blindaje legal: ¿cómo Zedillo evitó ser juzgado?
La demanda en EE.UU.: un intento frustrado
En 2011, familiares de las víctimas presentaron una demanda civil contra Zedillo en una corte de Connecticut, EE.UU. Lo acusaban de crímenes de lesa humanidad y exigían reparaciones.
Sin embargo, el gobierno mexicano de Felipe Calderón solicitó al Departamento de Estado de EE.UU. que reconociera la inmunidad de Zedillo como exjefe de Estado. La petición fue concedida.
“La decisión de EE.UU. se basó en una nota diplomática de México”, confirmó el Departamento de Justicia norteamericano en 2012.
Inmunidad total: escudo diplomático al más alto nivel
El reconocimiento de inmunidad significó que Zedillo no podía ser procesado ni en México ni en el extranjero por acciones realizadas en el ejercicio de su cargo.
El argumento central fue que los actos denunciados estaban ligados a decisiones de política de seguridad nacional, por lo que quedaban cubiertos por el fuero diplomático internacional.
Esto sentó un precedente peligroso: ningún presidente mexicano, por más graves que sean las acusaciones, podría ser juzgado por sus actos de gobierno en tribunales extranjeros si el Estado mexicano no lo permite.
Zedillo hoy: de acusado a conferencista global
Académico, consultor y voz autorizada del neoliberalismo
Tras dejar la presidencia, Ernesto Zedillo se convirtió en una figura destacada en foros internacionales, universidades de prestigio como Yale, y consejos corporativos globales.
Participa activamente en temas de gobernanza, desarrollo y comercio internacional, sin que las denuncias por Acteal afecten su reputación pública.
En sus discursos evita el tema de los derechos humanos en México y se presenta como tecnócrata reformador, no como político responsable de una tragedia indígena.
¿El silencio institucional? Una complicidad extendida
Ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto, ni Andrés Manuel López Obrador han retomado el caso Acteal en términos de responsabilidad presidencial.
A pesar de que la SCJN ha reconocido la ilegalidad de los procesos contra algunos inculpados, y diversas ONG han señalado omisiones graves, el nombre de Zedillo permanece fuera del debate jurídico.
La justicia internacional y los límites del poder presidencial
Crímenes de Estado vs. soberanía nacional
El caso Zedillo ilustra cómo los mecanismos de justicia internacional pueden ser bloqueados por intereses diplomáticos.
Aunque organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sido clave en otros casos, México no ha permitido que el caso Acteal llegue a esa instancia con un enfoque presidencial.
El Estado mexicano ha preferido pagar indemnizaciones, ofrecer disculpas públicas y liberar presos, pero no ha emprendido una ruta real de justicia integral.
Lecciones para el futuro de la justicia transicional
La experiencia de Acteal y el blindaje de Zedillo demuestran que la transición democrática no vino acompañada de rendición de cuentas real.
Sin reformas profundas al sistema judicial y a los pactos de impunidad política, la historia podría repetirse con otros presidentes.
¿Y si el silencio también fuera crimen?
El caso de Zedillo es un espejo incómodo para México. Si un presidente puede evadir la justicia con apoyo institucional, ¿qué dice eso del Estado de derecho?
Más allá de tribunales y diplomacias, queda la memoria colectiva. Porque aunque el exmandatario no haya sido juzgado, la impunidad también deja huellas imborrables.
