En un estado donde los procedimientos administrativos pueden convertirse en una odisea jurídica, el Congreso de Quintana Roo da un paso firme hacia la justicia accesible, firmando un convenio clave con el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.
Un pacto para no dejar a nadie sin defensa
La reciente firma del convenio entre el Congreso del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción marca un punto de inflexión para quienes enfrentan procedimientos administrativos sin recursos para contratar un abogado. El acuerdo fue encabezado por Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, y Minerva Maribel Moreno Cruz, magistrada presidenta del Tribunal.
«Este acuerdo fortalece el acceso a la justicia, el principio de legalidad y el respeto a los derechos fundamentales», afirmó Sanén Cervantes.
La asistencia jurídica gratuita, que ahora será posible mediante este pacto, pretende derribar una de las barreras más frecuentes en el sistema administrativo: la desigualdad en el acceso a la defensa.
¿Por qué importa este acuerdo?
Detrás de esta alianza institucional hay una visión de justicia más humana, más cercana y más eficiente. En muchos casos, los ciudadanos enfrentan procedimientos administrativos complejos y con implicaciones serias, como sanciones, inhabilitaciones o afectaciones patrimoniales. Sin un defensor, el resultado suele inclinarse a favor del aparato burocrático.
Con este convenio se busca:
- Garantizar el derecho a una defensa adecuada
- Evitar violaciones al debido proceso
- Promover el principio de legalidad
- Desburocratizar el acceso a la justicia administrativa
El impacto será especialmente relevante en zonas rurales o marginadas de Quintana Roo, donde el acceso a servicios legales es casi inexistente.
Justicia con rostro humano: el enfoque de la magistrada Moreno
Durante el evento, la magistrada Minerva Moreno Cruz subrayó que este convenio no solo tiene un valor jurídico, sino también ético y social. Según sus palabras, fortalecer los mecanismos de colaboración interinstitucional es clave para transformar el sistema administrativo en uno más ágil y cercano a la gente.
Además, ofreció una conferencia sobre Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, destacando cómo herramientas como la mediación o la conciliación pueden resolver conflictos sin necesidad de largos procesos judiciales.
“Estas herramientas permiten una justicia más ágil y menos costosa, tanto para el Estado como para los ciudadanos”, puntualizó Moreno Cruz.
Lo que sigue: una justicia administrativa más inclusiva
Este acuerdo sienta un precedente relevante no solo en Quintana Roo, sino en otras entidades del país donde la justicia administrativa sigue siendo un terreno árido para los sectores más vulnerables.
La colaboración entre el Poder Legislativo y el Tribunal apunta hacia un sistema que no solo castiga, sino que también acompaña y orienta, haciendo posible que el ciudadano común no enfrente solo a la maquinaria estatal.
Implicaciones futuras:
- Mayor legitimidad en los procedimientos administrativos
- Reducción de juicios contaminados por indefensión
- Promoción de una cultura de legalidad con rostro social
- Posible réplica del modelo en otros estados del sureste
El acceso a la justicia no debe depender del bolsillo ni del conocimiento jurídico. El acuerdo firmado en Quintana Roo es una apuesta por equilibrar la balanza, dándole a los ciudadanos herramientas reales para defenderse. ¿Será este el inicio de una nueva era en la justicia administrativa mexicana?
