¿Por qué ahora los burócratas podrán portar armas?
Ciudad de México. En un giro inesperado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite portar armas a empleados del SAT, CFE y Banxico, entre otros organismos públicos. Esta decisión, que parece sacada de un thriller político, ya despertó intensos debates sobre seguridad, legalidad y control institucional.
Con 476 votos a favor y solo dos abstenciones, el dictamen modifica profundamente la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, abriendo la puerta para que incluso empleados de empresas paraestatales como Pemex o la Casa de Moneda de México estén autorizados a portar armamento bajo ciertas condiciones.
¿Qué dice exactamente la reforma aprobada?
Permiso para organismos públicos y autónomos
La nueva legislación autoriza la portación de armas a trabajadores de organismos con funciones públicas, siempre que cumplan requisitos específicos establecidos por la ley. Entre los beneficiarios se encuentran:
- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Banco de México (Banxico)
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Comisión Nacional de Energía (CNI)
- Casa de Moneda de México
Esta reforma fue impulsada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de una visión más amplia sobre seguridad institucional y defensa de funciones críticas del Estado.
Ingreso de empresas privadas con control militar
El dictamen también abre la posibilidad a personas físicas y morales, como empresas de seguridad privada, de portar armas para fines operativos. Eso sí, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá autorizar expresamente cada permiso.
Nuevas reglas, más control: ¿cómo se garantizará el uso responsable?
Obligaciones de los organismos autorizados
El diputado Sergio Gil Rullán, de Movimiento Ciudadano, subrayó que la reforma incluye controles estrictos. Las instituciones que obtengan licencias colectivas tendrán que:
- Reportar a Sedena todos los nombres y credenciales de los portadores.
- Detallar la relación exacta de armas asignadas.
- Permitir inspecciones periódicas de la Sedena.
Estas medidas buscan reducir el riesgo de desvío de armas, especialmente en un país donde el crimen organizado ha penetrado incluso estructuras gubernamentales.
¿Y qué hay del campo? Nuevos derechos para ejidatarios y jornaleros
Legalización parcial de armas para el trabajo rural
Una de las adiciones más comentadas es que ejidatarios, comuneros y jornaleros también podrán portar armas, específicamente:
- Rifles calibre .22
- Escopetas de cualquier calibre, salvo algunas excepciones
Quedan excluidas las escopetas con cañones menores a 635 mm o calibres superiores al 12 (.729 pulgadas). Quienes soliciten portar estas armas deberán demostrar documentalmente su estatus en el campo.
Este cambio reconoce una realidad ignorada durante décadas: la vulnerabilidad de las zonas rurales ante grupos armados ilegales.
Más armas permitidas, pero también más restricciones
Ampliación del catálogo permitido
La reforma también actualiza el catálogo de armas de fuego que pueden poseerse con fines de seguridad personal. A pesar de esta apertura, se mantiene la prohibición de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y de:
- Armas creadas con impresoras 3D
- Réplicas artesanales
- Armas modificadas o alteradas
Requisitos personales para obtener permisos
No cualquiera podrá acceder a un arma. La ley exige que los solicitantes:
- Acrediten salud física y mental
- Demuestren no consumir estupefacientes
Estas condiciones buscan evitar que personas en estado vulnerable o con antecedentes de violencia tengan acceso a armamento legal.
¿Qué pasa con las balas? Comercialización bajo control
El dictamen también regula la frecuencia con que se pueden adquirir municiones, diferenciando según el uso:
- Anualmente para defensa personal
- Trimestralmente para caza (actividad cinegética)
- Mensualmente para miembros del Ejército con acreditación
Este apartado responde al creciente mercado informal de municiones que ha alimentado tanto la violencia criminal como el tráfico de armas.
Impacto electoral: ¿la reforma también protege a candidatos?
Una medida frente a campañas en riesgo
Lorena Piñón Rivera, diputada del PRI, celebró la reforma como un paso vital para proteger a candidatos durante campañas electorales. En estados como Veracruz, donde la violencia política va en aumento, considera que el marco legal podría ser una herramienta para frenar amenazas del crimen organizado.
“La ley es estricta, sí, pero es también una respuesta necesaria. No podemos dejar solos a quienes defienden la democracia en las urnas.”
— Lorena Piñón Rivera, diputada priista
¿Qué sigue? El Senado tiene la última palabra
El paso final del proceso legislativo
Aunque ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, la reforma ahora pasará al Senado para su revisión y votación final. Si se aprueba sin cambios, la nueva ley entrará en vigor de inmediato, transformando el mapa legal del control de armas en México.
¿Estamos preparados para esta nueva era de legalización armada?
La portación legal de armas por parte de burócratas, campesinos y personal privado representa un cambio de paradigma en México. El reto no está solo en la legislación, sino en su implementación, supervisión y consecuencias sociales.
¿Podrá el Estado garantizar que estas armas no terminen en manos equivocadas? ¿O abrimos la puerta a una militarización encubierta del espacio civil? La decisión está en el Senado, pero el debate ya se instaló en la opinión pública.
